El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la que parece destinada a convertirse en la octava ley educativa de la democracia, la Lomloe (Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica de Educación), más conocida como ley Celaá. El Gobierno aprobó en mayo un proyecto de ley que ha experimentado importantes cambios en las últimas semanas por la vía de las enmiendas. En verano, tras ser derrotados en la votación sobre medidas educativas incluidas en el dictamen de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica, los socialistas y Podemos hicieron cálculos y llegaron a varias conclusiones. Los apoyos de Ciudadanos y el del PNV resultaban incompatibles en materia educativa (como había demostrado su fracaso al intentar una propuesta de compromiso de amplio espectro, con cesión sobre la concertada incluida, en el dictamen de la Comisión de Reconstrucción). El acuerdo con el PP (que se había intentado sin éxito en otras legislaturas) y con Vox resultaban inviables. Y el único camino, pensaron, para llegar a la mayoría absoluta (176 de los 350 escaños) pasaba por alcanzar una alianza con los partidos nacionalistas y los pequeños.
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