Andalucía se convirtió en julio de 2018 en el primer territorio español en considerar como víctimas de violencia de género a las mujeres que han sufrido agresiones o abuso sexual, una equiparación que también va a incluir la futura ley de Igualdad Sexual que prepara el Gobierno central. Con la reforma de su ley de violencia de género de 2007, la comunidad también fue pionera en ampliar los tipos de violencia que se consideraban de género, a la económica -que incluye, entre otros aspectos, la discriminación laboral-, el feminicidio, la trata, la explotación sexual o la mutilación genital, entre otras muchas clases. Un año y medio después de su implantación, a la letra impresa no le ha acompañado la música de su efectividad. Su ámbito exclusivamente autonómico y la falta de recursos han lastrado su desarrollo.
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Sensibilización, formación y coordinación
El desarrollo de unos itinerarios personales que garanticen la protección social de la víctima también es una asignatura pendiente que denuncia Muñoz y en los que está trabando la Junta. “Hay que garantizar que cualquier víctima en Andalucía tenga los mismos protocolos”, reconoce su directora. “Esta región es muy grande y hay que mejorar la coordinación entre todas las provincias para evitar que queden comprometidos muchos de los recursos que están puestos en marcha”, sostiene.
“Hay que visibilizar otros tipos de violencia de género, porque ese es el primer agente socializador”, advierte Moreno. La sensibilización de la sociedad y la necesidad de garantizar una mejor formación al resto de personal de la Administración pública para que no solo pueda detectar un caso de violencia de género -en toda su extensión-, sino detectar la peligrosidad y desarrollar capacidad para empatizar con las víctimas, que también se recogen en la reforma de la ley de violencia de género andaluza, también deben mejorarse. “La sociedad andaluza está sensibilizada en la condena de la violencia que se da en el seno de una pareja, pero hay otras violencias, como la sexual que no se visibiliza como un problema grave, la prevención y la coeducación social igualitaria son herramientas para hacerlo”, concluye Fernández.