Parques cerrados y bares abiertos. Esta imagen —que la Comunidad de Madrid propició cuando confinó perimetralmente los primeros barrios y también se pudo ver en algunos momentos de la desescalada— ilustra muy bien los constantes ejemplos que la epidemia de covid está dejando de decisiones tomadas por políticos sin aval científico. Los gobernantes tienen la última palabra en el difícil equilibrio que supone cuidar la salud de la población manteniendo en lo posible la economía mientras un contagioso virus circula por el mundo. Pero con frecuencia se han olvidado los criterios técnicos para imponer medidas dictadas más por tácticas partidistas y cálculos populistas que por la evidencia disponible. Un total de 55 sociedades científicas han vuelto a dar este domingo un golpe en la mesa para reclamar que sea el mejor conocimiento disponible, y no los jefes de los gabinetes, el que dicte el rumbo para luchar contra el coronavirus.
Seguir leyendo