Igualdad se compromete a eliminar los requisitos médicos para que las personas trans puedan cambiar de sexo en el registro

Hace menos de un mes, el Gobierno lanzó una consulta pública en la que plantea eliminar cualquier requisito médico o psicológico para que quien se considere hombre o mujer, lo sea también a efectos legales. Para el colectivo transexual, es un gran avance: la sola voluntad de ser hombre o mujer bastaría para que el Estado así lo reconozca. Parte del feminismo lo apoya. Para otra parte, es una amenaza: consideran que el sexo no es algo que se elija, porque entonces todas las leyes que específicamente evitan la discriminación de las mujeres estarían en riesgo. En medio de acusaciones cruzadas de transfobia y de socavar la lucha feminista, late una pregunta sobre la identidad: ¿qué es lo que define a una mujer?

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El ejemplo argentino de la “vivencia interna del género”

Argentina aprobó en 2012 una ley de identidad de género de 15 artículos y cuatro páginas. Fue el primero en dar luz verde a una normativa que tienen otros países como Noruega, Irlanda, Dinamarca o Malta. Define así la identidad de género: “La vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento”.

Cerca de 9.000 personas han cambiado su identidad y sexo en sus documentos desde entonces, unas 1.000 anuales. “Es un concepto estructurante de la persona, no es el Estado el que decide quién es quién. El Estado ejerce una función administrativa y son las personas quienes se convierten en su propio tribunal”, explica al teléfono desde Buenos Aires la subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, Alba Rueda, que es una mujer trans. El proceso, añade, tarda una media de tres meses. En el artículo 7 de la ley se incluye un mecanismo contra el posible fraude de ley. “La rectificación registral no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio registral”, señala el texto legal.

“Las personas trans así como las lesbianas siempre fuimos parte de los feminismos. Sabemos que hay un movimiento TERF [feminista radical trans-excluyente, en sus siglas en inglés]en Latinoamérica con otra perspectiva, pero somos parte de los feminismos y las luchas de las mujeres. Nuestros derechos no limitan los derechos de otras, sino que le dan valor, textura y diversidad”, añade la subsecretaria.

Reino Unido dio marcha atrás con su ley

El debate sobre la autodeterminación de género adquirió hace ya casi una década un nivel de intensidad en el Reino Unido -algunos dirían de visceralidad- que lo acabó convirtiendo en territorio vetado para los principales partidos políticos, que han intentado evitar que esa guerra les salpique. La Ley de Reconocimiento de Género de 2004, todavía vigente, exige, para el reconocimiento legal de un cambio del sexo de nacimiento, una doble opinión médica -que incluya al menos a un especialista en la materia- que corrobore un diagnóstico de disforia de género (la incorfomidad o aflicción derivada de la contradicción entre el género con el que se ha nacido y aquél con el que se identifica el paciente).

Todo se complicó a partir de la Ley de Igualdad de 2010 que aprobó el Gobierno laborista de Gordon Brown. El texto consagraba la protección legal de la reasignación de sexo, pero dejaba un espacio abierto a la interpretación y, consiguientemente, a la ambigüedad. Las mujeres trans tenían permitido el acceso a espacios restringidos como vestuarios o cuartos de baño, pero dejaba al criterio de cada autoridad pública el análisis de cada caso concreto. Para los críticos de la medida, fue una puerta falsa por la que accedieron los defensores de la llamada autodeterminación de género. Personajes públicos como la escritora J. K. Rowling, de simpatía laborista, pero defensora de un feminismo más tradicional, se han visto envueltos en una polémica que, debido sobre todo a las redes sociales, no deja enemigo vivo, y oculta con su agresividad una multitud de matices.

Fue una primera ministra conservadora, Theresa May, la que inició un proceso de consultas previo, en 2018, con el que se pretendía respaldar una reforma de la ley. La antecesora de Johnson era una firme convencida de la necesidad de evitar en el proceso el trauma del obligatorio análisis médico o psicológico. Hasta 100.000 personas ofrecieron su opinión, y en su gran mayoría (un 70%), defendieron la idoneidad de la autodeterminación (gender self-ID, en su término inglés). El Gobierno de Boris Johnson, sin embargo, detuvo el proceso de reforma, sin dar muchas explicaciones públicas. Subyacía en su decisión la voluntad de esquivar una nueva “guerra cultural”, similar a las que vive EE UU, que los asesores de Johnson consideraban innecesaria. Bajo su criterio, y con los sondeos en la mano, era una preocupación a la que la mayoría de los británicos no dedican mucho tiempo, y que sin embargo puede derivar fácilmente en una batalla política cruenta. Una encuesta del pasado junio de YouGov indicaba que un 63% de los ciudadanos respaldaban que siguiera exigiéndose un dictamen médico previo.

Para intentar aplacar al movimiento trans y a diversas asociaciones LGTBiQ, el Gobierno anunció su intención de actuar con dureza contra las pretendidas clínicas que presentan la homosexualidad como una enfermedad y ofrecen una cura. Y para contentar a la otra parte de la disputa, Downing Street también se ha comprometido a establecer reglas más claras respecto al uso de espacios públicos solo para mujeres. Nada ha quedado zanjado con una decisión que tiene más que ver con preservar derechos adquiridos sin buscar nuevos problemas que con resolver un debate que sigue confundiendo y atemorizando a los políticos del Reino Unido. – RAFA DE MIGUEL

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