En la última década, mientras la enseñanza pública sufría los estragos de la crisis económica, la concertada no solo no vio reducida las subvenciones, sino que el importe de los conciertos educativos aumentó en 448 millones de euros. El incremento no ha solucionado, en todo caso, según los expertos, la falta de financiación crónica de esta red educativa, en la que la Administración paga el salario del profesorado y otros gastos de colegios de titularidad privada. El agujero es compensado por las aportaciones, vetadas por la ley, que realizan los padres a los centros. Una situación que se ha mantenido durante años porque las Administraciones, los colegios y las familias de los alumnos han encontrado beneficios en esa fórmula extraña. La ley Celaá, fuertemente rechazada por un sector de la concertada, contempla una revisión de los conciertos con el objetivo de que los pagos de la Administración garanticen la completa gratuidad.
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