Las leyes de igualdad que sepulta la pugna política

El acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos contempla tres futuras normas contra la discriminación a inmigrantes, a personas de otras etnias, lesbianas, gays o transexuales, entre otros. Son la ley integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación, otra para el colectivo LGTBI y una ley para personas trans. Sobre el papel, firmado tras el abrazo de los líderes de ambos partidos en diciembre de 2019, son de todo el Ejecutivo. Pero han abierto una pugna entre ambas formaciones y las defienden por separado. Las diferencias, salvo con la ley trans, no son de fondo, sino de forma. Se trata de ver cuál de los partidos aparece como el referente de la conquista de derechos sociales.

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La ‘ley trans’ desde ángulos opuestos

Cada partido ‘apadrina’ y defiende sus normas

Las tres futuras normas contra la discriminación que prometieron PSOE y Podemos en su acuerdo de Gobierno son proyectos en los que ya habían trabajado antes de ser socios, tanto conjuntamente como por separado. Ahora, cada partido ha ‘apadrinado’ las suyas. El PSOE defiende y promueve la de Igualdad de Trato, cuya tramitación se acaba de aprobar en el pleno del Congreso con la abstención de Podemos. Y Unidas Podemos, las de LGTBI y trans, con dos borradores que ya ha hecho públicos y de los que su socio se desentiende. El PSOE ha puesto pegas públicamente al borrador trans, relacionadas con supuestos problemas de “seguridad jurídica” en la autodeterminación de género que no detalla. Es más, en medio de esta crisis, los socialistas han iniciado una negociación en solitario, sin su socio de Gobierno, con colectivos trans y LGTBI y proponen fusionar las dos últimas leyes en una. Desde el PSOE recuerdan además que las principales leyes que han permitido conquistas sociales e igualitarias aprobadas en España —matrimonio igualitario, igualdad, violencia de género— son de factura socialista.

La autodeterminación de género es el único aspecto de los contenidos de las tres leyes en el que parece haber realmente discrepancias de calado. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo expresó su desacuerdo con una frase que ha escocido en las organizaciones LGTBI: “A mí me preocupa fundamentalmente la idea de pensar que el género se elige sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles”.

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