Una mujer de 18 años, cinco hombres y un portal angosto. En abril de 2018, la Audiencia Provincial de Navarra sentenció que aquel episodio supuso un abuso sobre la joven en el que no hubo violencia. Han pasado dos años y medio de aquel fallo que sacó a las mujeres a la calle en una ola de indignación generalizada y que después enmendó de plano el Tribunal Supremo: no, no era un abuso. Fue violación. Los cinco integrantes de La Manada fueron condenados a 15 años de cárcel y se abrió un debate social sin precedentes que ha llevado a España a sumarse a los países que definen y acotan el consentimiento en su legislación con una premisa: la que calla no otorga. Es decir, tanto si la víctima dice que no, como si permanece en silencio —el caso de la joven en Pamplona—, se trata de un ataque a la libertad sexual.
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