El Gobierno calcula que, entre principios de marzo y el 23 de junio, 20.268 personas murieron por covid en residencias de servicios sociales —centros de mayores y de discapacidad—, según un borrador del informe del grupo de trabajo sobre residencias al que ha tenido acceso EL PAÍS. De ellas, a 10.364 se les hizo un test y 9.904 fallecieron con síntomas compatibles. Esta estimación, elaborada por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales con datos de las comunidades, constituye la primera cifra oficial sobre lo ocurrido en las residencias en la primera ola de la pandemia. En el informe se analizan 30 factores que influyeron en lo que se describe como una “tormenta perfecta”. Algunos dan escaso margen de actuación, como la alta contagiosidad del virus, pero también se alude al tamaño de los centros, la falta de personal o la “errónea percepción” de que los geriátricos podían afrontar solos la situación.
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