La Fiscalía se adentra de lleno en el embrollo jurídico que implosionó la pasada semana, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló la decisión de confinar perimetralmente la capital y otros nueve municipios de la Comunidad mediante la legislación ordinaria —lo que provocó la intervención del Gobierno central, que declaró el estado de alarma—. Después de que los tribunales de otras autonomías también se pronunciaran sobre este tipo de medidas, dejando diferentes matices e interpretaciones, el ministerio público ha decidido recurrir la resolución del tribunal superior madrileño al considerar que ha modificado la “doctrina” seguida hasta la fecha. Además, quiere que el Tribunal Supremo se pronuncie para que marque el camino a seguir.
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